Abogados Especialistas en Responsabilidad Médica

¿A QUIÉN PERTENECE LA HISTORIA CLÍNICA?

Este interrogante ha surgido en muchas ocasiones, no solo entre médicos y demás profesionales de la salud, sino también en los estrados judiciales. Algunos consideran que es de propiedad exclusiva del paciente, y así lo sostienen de manera enfática y casi indudable. Debemos aceptar que en alguna oportunidad, formábamos parte de dicho grupo, y solo hasta cuando dedicamos un poco más de tiempo al estudio del tema, encontramos que no era así.

Y es que de manera obligatoria, debemos acudir a la normatividad que regula y reglamenta tanto la medicina como la odontología, con el fin de soportar las razones por las cuales, desde ya, debemos decirlo, afirmamos que la historia clínica es contentiva de derechos de autor en favor del médico u odontólogo que la suscribe.

Veamos; en el caso de los médicos, la Ley 23 de 1981 y su Decreto reglamentario, el 3380 de 1981, las cuales integran el estatuto de Ética Médica, contienen los artículos 61 y 30, respectivamente, en los que, de manera expresa se señala:


 

ARTÍCULO 61. – El médico tiene el derecho de propiedad intelectual sobre los trabajos que elabore con base en sus conocimientos intelectuales, y sobre cualesquiera otros documentos, inclusive historias clínicas, que reflejen su criterio o pensamiento científico.

Conc. D. 3380/81. Art. 30. – “Las historias clínicas pueden utilizarse como materia de consulta y apoyo a los trabajos médicos, con sujeción a los principios del secreto profesional y de la propiedad intelectual”.

De igual manera, en el con respecto a los odontólogos, el Decreto 491 de 1990, en su artículo 20 indica:


ARTÍCULO 20. Las historias clínicas pueden utilizarse como material de consulta  y apoyo a los trabajos odontológicos, con sujeción a los principios del secreto profesional y de la propiedad intelectual.

Quedando claro que, si bien es cierto, la historia clínica es un documento privado y sometido a reserva, contentivo de información acerca del estado de salud del paciente, más lo es, que la información científica y académica que el médico o el odontólogo plasman, les pertenece a estos últimos, por ende, el documento sobre el cual se hicieron los registros, como analizaremos más adelante.

Y no se puede creer que se trató de un error cometido por el legislador y autoridad de la época, sino que, lo que se buscó fue proteger la creación científica y el diagnóstico médico y odontológico, en virtud a que la historia clínica puede ser, no solo una prueba en procesos judiciales, sino un documento de consulta por parte de otros médicos y académicos, precisamente como los artículos arriba señalados lo contemplan.

En definitiva, la historia clínica contiene información sobre el estado de salud del paciente, y es este aspecto el que se protege al imponerse reserva sobre la misma, pero en lo concerniente al contenido médico y científico, sobre él hay una “propiedad intelectual”, que debe ser respetada por los colegas del médico u odontólogo que realizó el registro y plasmó su diagnóstico y tratamiento a seguir en procura de mejorar la salud de su paciente. Y que si de dicha atención, se genera descubrimiento para beneficio de la medicina o la odontología, a aquellos les corresponde reconocimiento integral (académico y económico) por parte de la sociedad.

Y es que si se revisa con mayor detenimiento el artículo 30 del Decreto 3380 de 1981 y el artículo 20 del Decreto 491 de 1990, se encontrará que los mismos buscan proteger y garantizar el respeto tanto por la información personal sobre la salud del paciente, como por la información científica producto del intelecto y preparación del médico u odontólogo que le han brindado atención.

Y así consideramos se debe manejar este tema, pues no es el paciente el “dueño” de la historia clínica, como erradamente se cree, sino que a él le acompaña un derecho fundamental a la intimidad, como la Corte Constitucional, en diversas ocasiones, lo ha recalcado por vía de tutela, cosa distinta sucede con el médico y el odontólogo, quienes si tienen derecho de propiedad sobre la información científica por ellos plasmada, información que nada tiene que ver con el aspecto personal de las condiciones del paciente que tratan, la cual, iteramos, es sobre la que debe recaer la reserva legal que impone el artículo 1º de la Resolución 1995 de 1999 proveniente del entonces Ministerio de la Salud.

De lo contrario, consideramos que si realmente al paciente le correspondiera la propiedad sobre la Historia Clínica, sería éste  quien tendría en su poder el original del mentado documento, lo que no puede ser por cuanto por mandato de la Resolución 1995 de 1999, cuando el paciente solicita dicho documento, el prestador del servicio de salud, lo que debe entregarle es una copia, mas no el original, el que, por cierto, debe reposar en la IPS y ser por ella custodiado hasta por un término de 20 años, el cual, una vez  cumplido, permite que ese documento, se pueda destruir.

A fin de refutar la tesis de que el paciente es el “dueño” o que a él pertenece la historia clínica, nos vemos en la imperiosa necesidad de remitirnos al concepto que sobre derecho de dominio trae el Código Civil, específicamente en sus artículos 669 y 670 que rezan:


ARTICULO 669. <CONCEPTO DE DOMINIO>.  El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.


ARTICULO 670. <DERECHO SOBRE LAS COSAS INCORPORALES>. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.

Articulado que nos advierte que el dueño o propietario, debe tener la posibilidad de gozar y disponer de las cosas sobre las que recae su derecho de dominio.

Procurando, precisamente, establecer el alcance de dichas facultades, se hace imperioso saber cuál es la definición que el diccionario de la real academia de la lengua contiene [1]:

 

Gozar. (De gozo). 1. tr. Tener y poseer algo útil y agradable.Gozar de sus riquezas. 1. loc. verb. Pasarlo bien, disfrutar con alguien o algo. Gozo. (Del lat. gaudĭum). 1. m. Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. 2. m. Alegría del ánimo.

Disponer. (Del lat. disponĕre). 1. tr. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente. U. t. c. prnl. 2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. 4. intr. Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de ello. 5. intr.Valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo.

Y así, de esta manera, vemos como nos acompaña la razón en nuestro planteamiento, ya que la disposición del documento denominado historia clínica, por expreso mandato de la resolución 1995 de 1999, tiene que estar en poder del prestador del servicio, durante 20 años, quien es el llamado a destruirlo. Lo que explica, el porqué cuando el paciente lo solicita, se le debe entregar una copia, mas no el original, lo que, precisamente, va en contravía de la posibilidad de disponer de dicho documento original, y de paso, gozar en su utilización.

Ello en el evento en que el paciente se encuentre vivo o consciente y que no tenga incapacidad física o mental y puede disponer de sus derechos, pues cuando fallece o se encuentra en estas condiciones, no cualquier familiar puede disponer y gozar de la historia clínica; sobre este respecto, la Corte Constitucional, al fallar tutelas presentadas por familiares de pacientes que han muerto, ha establecido y ratificado, la necesidad de cumplirse con una serie de requisitos, ya que, cualquier familiar no puede tener acceso al mencionado documento, como se encuentra en las sentencias: a. T-834 de octubre 12 de 2006 con ponencia del Dr. Nilson Pinilla Pinilla; 2. La T-158A de febrero 15 de 2008 con ponencia del Dr.Rodrigo Escobar Gil; 3.  La T-2.061.605 de febrero 24 de 2009 con ponencia del Dr. Nilson Pinilla Pinilla;4. La T-182 del 19 de marzo de 2009 con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

 

Sobre este respecto ha dicho la Corte Constitucional:

 

T-2.061.605 de febrero 24 de 2009:

“…Hay que precisar que el levantamiento de la reserva sobre la historia clínica de quien ha fallecido tiene que estar al alcance, estrictamente, del núcleo más cercano al occiso, usualmente el o lacónyuge o compañero (a) permanente y los familiares dentro del primer grado de consaguinidad (padre, madre, hijos, hijas), coincidiendo con los dos primeros órdenes hereditarios (arts. 1045 y 1046 Código Civil), al ser regularmente las personas con las que, en vida, se guardaba el más estrecho lazo de amor, confianza, proximidad, apoyo recíproco y quienes podrían resultar legítimamente interesadas en la información contenida en la historia clínica

 

Con todo, ha de tomarse en consideración que la historia clínica que reposa en la entidad demandada constituye, en principio, no sólo un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por el paciente y la institución, y excepcionalmentepor un tercero con autorización de dicho paciente u orden de autoridad competente, sino que constituye el único archivo o fuente de información donde lícitamente reposan todas las evaluaciones, pruebas, diagnósticos e intervenciones realizadas al paciente, al igual que los procedimientos y medicamentos que le fueron suministrados.

 

5.2. Teniendo en cuenta la jurisprudencia analizada, la historia clínica de un paciente está protegida, en principio, por reserva legal para salvaguardar su derecho a la intimidad. Sin embargo, como ha sido explicado, excepcionalmente y con miras a proteger otros derechos fundamentales, esa reserva legal de la historia clínica de un paciente fallecido o de un paciente en incapacidad por enfermedad física o mental, no es oponible a los parientes más cercanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos estructurados por la jurisprudencia constitucional, a saber: (i) la demostración del hecho de la muerte del paciente o su incapacidad; (ii) la acreditación de pertenecer al núcleo familiar del fallecido o incapacitado; (iii) la exposición de las razones por las cuales se solicita el acceso a la historia clínica y; (iv) se asuma el deber de reserva por parte del familiar.

 

T-182 del 19 de marzo de 2009

“a) La persona que eleva la solicitud deberá demostrar que el paciente ha fallecido.

  1. b) El interesado deberá acreditar la condición de padre, madre, hijo o hija, cónyuge o compañero o compañera permanente en relación con el titular de la historia clínica, ya que la regla aquí establecida sólo es predicable de los familiares más próximos del paciente. Para el efecto, el familiar deberá allegar la documentación que demuestre la relación de parentesco con el difunto, por ejemplo, a través de la copia del registro civil de nacimiento o de matrimonio según sea el caso.
  1. c) El peticionario deberá expresar las razones por las cuales demanda el conocimiento de dicho documentosin que, en todo caso, la entidad de salud o la autorizada para expedir el documento pueda negar la solicitud por no encontrarse conforme con dichas razones. A través de esta exigencia se busca que el interesado asuma algún grado de responsabilidad en la información que solicita, no frente a la institución de salud sino, principalmente, frente al resto de los miembros del núcleo familiar, ya que debe recordarse que la información contenida en la historia clínica de un paciente que fallece está reservada debido a la necesidad de proteger la intimidad de una familia y no de uno sólo de los miembros de ella.
  1. d) Finalmente y por lo expuesto en el literal anterior, debe recalcarse que quien acceda a la información de la historia clínica del paciente por esta vía no podrá hacerla pública, ya que el respeto por el derecho a la intimidad familiar de sus parientes exige que esa información se mantenga reservada y alejada del conocimiento general de la sociedad. Lo anterior, implica que no es posible hacer circular los datos obtenidos y que éstos solamente podrán ser utilizados para satisfacer las razones que motivaron la solicitud”.

 

Y luego de leer los anteriores apartes, consideramos que caemos en un tema muy importante; si realmente, el paciente es el “dueño” de la historia clínica, al fallecer, ¿sus herederos pueden “heredar” dicho documento o bien mueble?. Consideramos que no es así, no solo, por cuanto nuestro planteamiento desde un principio es el de que dicho documento no pertenece al paciente, sino porque, de la anterior jurisprudencia referida, se extracta que, solo algunos familiares (hasta el primer grado de consanguinidad) y los cónyuges o compañeros permanentes sobrevivientes, pueden acceder a una copia de aquella. Pudiendo en este momento resaltar que si realmente, existiera derecho de dominio, como algunos que han escrito sobre el tema aducen, no existiría esta limitación.

Y es que, en materia sucesoral, el código civil nos enseña que, “…Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos, cuarenta hectolitros de trigo..”[2].

Por lo que, si fuese cierto que es al paciente a quien pertenece la historia clínica, simplemente, cualquiera de los herederos de aquel, tendría la posibilidad de sucederle en el derecho de dominio sobre el mentado documento, lo que no es así, tal y como lo hemos visto.[3]

Continuando con la lectura del Código Civil, encontramos que allí, en el artículo 671,  también se define la propiedad intelectual como “…<PROPIEDAD INTELECTUAL>. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales…”

Sobre este respecto, encontramos la ley 23 de 1982, que fuera modificada y complementada la ley 44 de 1993, por medio de la cual, se regula el tema de la propiedad intelectual. Siendo aquella la que, a más de definir que es la propiedad intelectual o el derecho de autor, fija premisas tendientes a dejar en claro que, efectivamente, se trata de un derecho en cabeza del autor o creador de obras científicas, (cual sería el caso del médico o del odontólogo), y que de dicho derecho se desprenden beneficios patrimoniales que pueden ser heredados. Y, a diferencia del caso del paciente, se ratifica la posibilidad que de gozar y disponer de dicho derecho, tiene el autor de la obra, llegando a establecer, cual es el procedimiento por el cual se debe resolver el conflicto jurídico que se presente, en aras del reconocimiento de dicho derecho intelectual y patrimonial; proceso judicial que puede ser iniciado por el autor, o, en caso de muerte, por sus herederos.

 

Luego de este recorrido normativo del tema en exposición, podemos concluir que nos asiste razón en nuestro planteamiento y que no puede seguirse tratando el tema en forma tan superficial, como hasta el momento, tanto doctrina como jurisprudencia, lo han venido haciendo. Existen temas que se desprenden del presente análisis, que nos hacen preguntarnos ¿realmente, puede el prestador del servicio, o la IPS, destruir la historia clínica, sin el consentimiento o autorización del médico, odontólogo o equipo profesional de la salud, que tuvo que ver con los diagnósticos y tratamientos médicos plasmado en la historia clínica?, o ¿por qué razón la reserva que la Resolución 1995 de 1999, no se hace extensiva al paciente o sus familiares, cuando obtienen copia de dicho documento?, en fin, temas, que confiamos abordar próximamente en procura de buscar crear un interés social en ellos, pues creemos que resultarían de mucha importancia en procesos judiciales que, seguros estamos, se vienen adelantando.

 

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HOLLMAN ANTONIO GOMEZ BAQUERO
Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible

 


 

RESOLUCIÓN 1995 DE 1999

ARTÍCULO 1.– DEFINICIONES. a) La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.

ARTÍCULO 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA.

 Las características básicas son:

 Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento  y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar  y comunitaria.

Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario.

Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el  diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.


ARTÍCULO 14.- ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA.

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:

1) El usuario.

2) El Equipo de Salud.

3) Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.

4) Las demás personas determinadas en la ley.

PARAGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única  y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal.

 

ARTÍCULO 15.- RETENCIÓN Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN.

La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contados a partir de la fecha de la última atención. Mínimo cinco (5) años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud, y mínimo quince (15) años en el archivo central. Una vez transcurrido el término de conservación, la historia clínica podrá destruirse.

 

ARTÍCULO 16.-  SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS.

El prestador de servicios de salud, debe archivar la historia clínica en un área restringida, con acceso limitado al personal de salud autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud y en general los prestadores encargados de la custodia de la historia clínica, deben velar por la conservación de la misma y responder por su adecuado cuidado.

 

ARTÍCULO 17.- CONDICIONES FÍSICAS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA.

Los archivos de historias clínicas deben conservarse en condiciones locativas, procedimentales, medioambientales y materiales, propias para tal fin, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación en los acuerdos 07 de 1994, 11 de 1996 y 05 de 1997, o las normas que los deroguen, modifiquen o adicionen.

Código Civil Colombiano

ARTICULO 1045. <PRIMER ORDEN HEREDITARIO – LOS HIJOS>. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>

Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal.

ARTICULO 1046. <SEGUNDO ORDEN HEREDITARIO – LOS ASCENDIENTES DE GRADO MAS PROXIMO>. <Artículo modificado por el artículo 5o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:> Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y sucónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas.

<Ver Notas de Editor> No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota.

ARTICULO 1047. <TERCER ORDEN HEREDITARIO – HERMANOS Y CONYUGE>. <Artículo subrogado por el artículo 6o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:> Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales. A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta de éstos aquél.

ARTICULO 1051. <CUARTO Y QUINTO ORDEN HEREDITARIO – HIJOS DE HERMANOS – ICBF>. <Artículo modificado por el artículo 8o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:> A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos.

Ley 23 de 1982 –Derechos de Autor-

Artículo 1.– Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.

Artículo 2.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

(Adicionado por el artículo 67 de la Ley 44 de 1993). Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor.

Artículo 3.- Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas:

  1. a) De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte;
  2. b) De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer;
  3. c) De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su “derecho moral”, como se estipula en el capítulo II, sección segunda, artículo 30 de esta ley.

(Adicionado por el artículo 68 de la Ley 44 de 1993). De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado.

Artículo 4.– Son titulares de los derechos reconocidos por la ley:

  1. a) El autor de su obra;
  2. b) El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución;
  3. c) El productor, sobre su fonograma;
  4. d) El organismo de radiodifusión sobre su emisión;
  5. e) Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente citados;
  6. f) La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley.

SECCION 1
DERECHOS PATRIMONIALES Y SU DURACION

Artículo 12.- El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes:

  1. a) Reproducir la obra;
  2. b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y
  3. c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.

Artículo 21.– Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de ochenta años se contará desde la muerte del último coautor.

Artículo 22.- Para las obras compuestas de varios volúmenes que no se publiquen conjuntamente, del mismo modo que para las publicaciones en forma de folletos o entregas periódicas, el plazo de protección comenzará a contarse, respecto de cada volumen, folleto o entrega, desde la respectiva fecha de publicación.

Artículo 23.– Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra será de dominio público desde el fallecimiento de éste. En los casos en que los derechos de autor fueren transmitidos por un acto entre vivos, corresponderán a los adquirentes durante la vida del autor y veinticinco años desde el fallecimiento de éste y para los herederos el resto del tiempo hasta completar los ochenta años, sin perjuicio de los que expresamente hubieren estipulado al respecto el autor de la obra y dichos adquirentes.

CAPITULO XVIII

Del procedimiento ante la jurisdicción civil.-

Artículo 242.– Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria.

Artículo 243.– No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces civiles municipales conocerán, en una sola instancia y en juicio verbal, las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta Ley.

Artículo 244.– El autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de éstos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos, pueden pedir al juez el secuestro preventivo:

  1. De toda obra, producción, edición y ejemplares;
  2. Del producido de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edición o ejemplares, y
  3. Del producido de la venta y alquiler de los espectáculos teatrales, cinematográficos, musicales y otros análogos.

Artículo 245.– Las mismas personas señaladas en el primer inciso del artículo anterior pueden pedir al juez que interdicte o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical, cinematográfica y obras semejantes, que se van a representar, ejecutar o exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor.

Artículo 246.– Para que la acción del artículo 244 proceda, se requiere que el que solicita la medida afirme que ha demandado o va a demandar a la persona contra la cual dicha medida se impetra por actos y hechos jurídicos vinculados con el derecho de autor, los mismos que concretará en el libelo.

Artículo 247.– La medida a que se refieren los artículos 244 y 245, se decreta inmediatamente por el juez, siempre que el que la solicita preste caución suficiente que garantice los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del espectáculo teatral, cinematográfico, musical y presente una prueba sumarial del derecho que lo asiste. Esta medida puede ser decretada por el juez municipal o del circuito del lugar del espectáculo, a prevención, aun cuando no sean competentes para conocer el juicio. El espectáculo será suspendido sin admitir recurso alguno; en lo demás se dará cumplimiento a las normas pertinentes.

Artículo 248.– Las disposiciones de que trata el libro 4°, Título 35 del Código de Procedimiento Civil, sobre embargo y secuestro preventivo, serán aplicables a este Capítulo.

Artículo 249.– El que ejercita las acciones consagradas por los artículos anteriores, no está obligado a presentar con la demanda la prueba de la personería ni de la representación que incoa en el libelo.

Artículo 250.– Los acreedores de una persona teatral u otra semejante no puede secuestrar la parte del producto de los espectáculos que corresponden al autor o al artista, ni esta parte se considerará incluida en el auto que decrete el secuestro, salvo que el secuestro haya sido dictado contra el autor mismo.

Artículo 251.– La demanda debe contener todos los requisitos e indicaciones que prescriben los artículos 75 y 398 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 252.– Admitida la demanda se seguirá el procedimiento verbal a que hacen referencia los artículos 443 y 449 del Código de Procedimiento Civil.


[1] Información obtenida de http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura

[2] Así reza el artículo 1008 del Código Civil colombiano.

[3] El orden hereditario, se encuentra establecido en los artículos 1045, 1046, 1047, y 1051 del código civil.