Abogados Especialistas en Responsabilidad Médica

Cuando un contrato de prestación de servicios es realmente un contrato de trabajo

Natalia Valentina Fernández Mesa

Natalia Valentina Fernández Mesa

Cuando se establece una relación laboral, en muchas ocasiones, en especial cuando de la prestación de servicios de salud se trata, los médicos y demás profesionales de la salud suelen preguntarse sin existe entre ellos y las instituciones que los contratan o han contratado, un contrato de prestación de servicios o, realmente, un contrato laboral.

Este interrogante se resuelve entendiendo que para que exista un contrato de trabajo, tienen que estar presente sus tres elementos esenciales: 1) Una prestación personal y directa del servicio, 2) Una subordinación, y 3) Una remuneración o pago.

Estos elementos, juegan un papel fundamental en el presente tema, pues a falta de uno de ellos, deja de existir el contrato laboral. A diferencia de aquél, en el contrato de prestación de servicios, no se da el segundo de los elementos mencionados, es decir, la subordinación, la cual, debe entenderse como esa circunstancia en la cual, el trabajador debe cumplir horario y acatar las órdenes directas que “el contratante” le imparta; a manera de ejemplo, es precisamente el contrato que entre nosotros los abogados y nuestros clientes se firma, pues, aun cuando se da la prestación personal y directa del servicio, al igual que la remuneración, no existe subordinación, pues en momento alguno el cliente, puede darnos órdenes de como adelantar el proceso, cuál estrategia de defensa seguir, que decir o no al sustentar los recursos, y menos aún, nos fija un horario para nuestro trabajo; y que es lo que debe igualmente suceder con los médicos, odontólogos y demás profesionales de la salud que firman un contrato de prestación de servicios con IPS, Clínicas u Hospitales; contrato que no les impone la obligación de cumplir con horarios preestablecidos por sus contratantes, y mucho menos, seguir órdenes que les indique como prestar el servicio.

No es raro, pues en nuestra oficina hemos conocido de dichos casos, que las instituciones, generalmente, suscriban con sus profesionales de la salud, contratos de “prestación de servicios” cuando realmente son contratos de trabajo, con el único fin de evitar asumir el pago de las consecuentes prestaciones laborales o sociales, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, primas y salarios, así como, tener que asumir el pago de porcentajes para salud y pensión, más sin embargo, si exigen a sus “contratistas” que cumplan horario de más de ocho horas al día, trabajen domingos, festivos y atienda turnos que exceden de una jornada que en nada tiene que ver con el verdadero contrato de prestación de servicios.

Aun cuando, erradamente, las instituciones que contratan profesionales de la salud, tratan de evadir la obligación y carga prestacional, solo es cuando se ven inmersos en un proceso laboral, que caen en cuenta que han hecho un mal negocio, pues creyendo que bajo la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, se ahorrarán dinero, al ser condenados por los jueces laborales, entienden que, es menos costoso asumir la carga que como verdadero empleador le compete, que el cumplir las altas condenas pecuniarias que en las sentencias condenatorias se les imponen, so pena de que si no pagan, sus bienes (cuentas bancarias, ingresos de deudores, bienes muebles e inmuebles, etc..) serán embargados.

La experiencia en la atención de esta clase de procesos laborales, nos enseña que el respeto por la ley laboral, no solo beneficia tanto a los médicos, odontólogos y demás profesionales de la salud, sino a las Instituciones prestadoras de servicios de salud mismas, pues, al desarrollar la relación laboral a través de un contrato de trabajo, si bien es cierto, se deben cancelar salarios y prestaciones laborales, las mismas con ínfimas cuando de condenas judiciales se trata, pues en ellas, no solo se impone el pago de esas mismas acreencias y conceptos, sino que, por demás, se deben cancelar sumas de dinero por concepto de intereses moratorios y sanciones moratorias por no pago oportuno de salarios, consignación de cesantías, aportes a pensión, inclusive, multas administrativas por no pago de aportes, lo que hace que se eleve, considerablemente, las deudas en favor de quienes, en otro momento, contrataron para atender a sus usuarios o pacientes. Por ende, generaron los ingresos a su entidad.

NATALIA VALENTINA FERNANDEZ MESA

Abogada Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Socia “Gómez y Fernández Abogados”